UCAL, símbolo del éxito del cooperativismo algodonero en el Chaco, fue creada en la década del '30 con la intención de dotar a las cooperativas del ramo de un grado mayor de competitividad a nivel nacional. Su progreso se vio reflejado treinta años después, con la adquisición de la ex Fábrica Nacional de Tejidos (FANDET) en Barranqueras. Sin embargo, la caída internacional de los precios del algodón y la internacionalización de la economía chaqueña hacia 1970 pusieron en crisis al movimiento cooperativo en general, y a UCAL en particular.
A partir de entonces, el discurso de la "crisis permanente" de las cooperativas habilitó un sistema de salvatajes, créditos especiales y licuación parcial o total de deudas, cuyo peso recayó siempre sobre el conjunto de la sociedad chaqueña y sobre los trabajadores. Ese mecanismo recurrente no estuvo exento de ilegalidad, como lo demuestran las sentencias judiciales que evidencian la relación entre el vaciado Banco del Chaco y los directivos de UCAL en 1990.
Mientras esgrimían el discurso de la "crisis permanente", este grupo de personas efectuó un verdadero saqueo de la fábrica. Al mismo tiempo que negociaban sus deudas con los sucesivos gobiernos y acordaban recibir subsidios para una supuesta "reactivación", postergaban el pago de los salarios a los trabajadores, no compraban repuestos para las máquinas (sino que usaban partes de otras máquinas) y echaban a quienes se atrevieran a protestar. Los aprietes se realizaban en connivencia con el gremio, que también impedía la presentación de listas alternativas en las elecciones sindicales. De esta manera, las deudas de UCAL con bancos, abogados y entidades recaudadoras provinciales y nacionales no paraba de crecer.
Esta forma de gestión nos recuerda la dinámica usada por los empresarios durante el gobierno menemista para justificar el vaciamiento de las empresas. A pesar de que todos los días salían camiones cargados de producción, las fábricas siempre "daban pérdida", por lo cual necesitaban constantes "auxilios" del gobierno. Sin embargo, en el caso de UCAL se agrega una nueva característica a este viejo mecanismo. Por constituir un tipo de cooperativa, es el Estado quien debe encargarse de auditar su funcionamiento mediante sus órganos de control. Su inacción en este sentido nos da la pauta de que tanto los directivos de UCAL como los funcionarios del gobierno participan de la dinámica del saqueo, cuyas consecuencias son pagadas por todos los ciudadanos. Poder económico y poder político se entrelazan en esta modalidad de asalto a la sociedad.
Por: Maximiliano Román
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